Si una persona sin discapacidad se imagina, por un momento, desplazándose en silla de ruedas o con bastones, se dará cuenta de que le sería imposible entrar en la mayoría de los sitios que frecuenta. Figúrese comprando en el supermercado habitual para realizar la comida del día, yendo a tomar un café a media mañana en el descanso del trabajo, saliendo de copas con los amigos al oscurecer, o necesitando ir urgentemente a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza que le sobrevino. Piense en la Navidad pasada y en las rebajas de enero: ¿Cómo ir a comprar los regalos para los seres queridos?, ¿cómo tomar un café con viejos amigos, cenar en un restaurante e ir de copas de bar en bar para despedir el año?, ¿cómo adquirir un modelo de temporada a buen precio?

En España, hasta que no se aprobó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, no había precepto que hiciera referencia expresa a las barreras arquitectónicas, entendidas como cualquier impedimento que limite a las personas el acceso, utilización, disfrute o interacción con el entorno. En esta ley se exige la posterior redacción de una normativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas. En nuestra región no disponíamos de ella hasta que la Junta General del Principado aprobó la Ley 5/95, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, físicas y sensoriales en los ámbitos urbanístico, arquitectónico y del transporte público. Esta regla indica en su artículo dieciséis que “La construcción y reforma de los edificios de titularidad pública o privada de uso público se efectuará de modo que puedan ser utilizados, de forma autónoma, por personas en situación de limitación o con movilidad reducida”, lo que les conferirá el carácter de accesibles. Las disposiciones pertinentes para el desarrollo y ejecución de dicha ley se dictan en el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanísticos y arquitectónicos (en la actualidad continúa sin elaborar el que se refiere a las barreras sensoriales y a los transportes públicos)

Del anterior reglamento nos centraremos expresamente en las barreras arquitectónicas en los establecimientos comerciales, bares, restaurantes y farmacias; lugares, todos ellos, muy frecuentados y que discriminan a las personas con discapacidad al no poder utilizarlos de manera autónoma. En la siguiente tabla se indican los que por su capacidad o superficie están obligados a cumplir una serie de requisitos que los haga accesibles.

USOS DEL EDIFICIO ITINERARIO Y ACCESO ELEMENTOS ACCESIBLES

SUPERFICIE O CAPACIDADACCESIBLEPRACTICABLEAPARCAMIENTOSCOMUNICACIÓN VERTICALSERV. HIGIÉNICOS COMUNESPROBADORESMOBILIARIOESTABLECIMIENTOS COMERCIALESDe 100 a 500 m2Sí11SíDe más de 500 m2Sí1/50 o fracción,

mínimo una plazaSí1/Batería1/BateríaSíBARES Y RESTAURANTESDe 50 a 500 plazasSí11SíMás de 500 plazasSí1/50 o fracción,

mínimo una plaza Sí1/BateríaSíFARMACIASTodasSíSí

Nota: Accesible: Aquellos establecimientos que se ajusten a los requisitos funcionales y de dimensión que garanticen su utilización independiente y normalizada para las personas con movilidad reducida o cualquier otra discapacidad.

Practicable: Aquellos establecimientos que sin ajustarse a los requisitos funcionales y de dimensión, permitan su utilización de forma autónoma a las personas con movilidad reducida o cualquier otra discapacidad.

Es obligatoria la aplicación de la normativa en los locales de nueva construcción y en aquellos que se reformen de manera sustancial, es decir, cuando se hagan ampliaciones, modificaciones o rehabilitaciones que tengan carácter de intervención total o si se produce una variación en su volumetría o en su estructura.

En Asturias hay muchos establecimientos sitos en la parte antigua de las ciudades en edificios catalogados históricos o que no disponen de más de cien metros cuadrados de superficie; ambas cosas los exime de la aplicación de la ley. A pesar de ello, los concejales de urbanismo del Principado, sensibilizados con las limitaciones de las personas con discapacidad, desean tomar medidas que les permita utilizarlos, la tarea no es fácil. José Fernando Díaz Rañón, Concejal de Infraestructuras y Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Avilés, apuesta por potenciar el casco histórico de la ciudad incrementando su comercio, pero comenta que se encuentra con los inconvenientes que dicta el Consejo del Patrimonio para hacerlo accesible. Dadas las características del casco viejo de Avilés, el concejal se plantea la posibilidad de unir varias fachadas hasta un total de doce metros, lo que favorecería la aplicación de la normativa vigente en las nuevas obras al crear locales de mayores dimensiones. El Concejal Delegado de Urbanismo de Gijón, Jesús Morales Miravalles, destaca un problema técnico común a la mayoría de los establecimientos e imposible de resolver y que se origina debido a la pendiente de las calles que provoca que la cimentación o el forjado de los edificios, en unas zonas de la calzada rebase la cota cero y unos metros más allá vaya por debajo. El Ayuntamiento de Avilés pretende animar a los pequeños comerciantes a reformar sus locales para hacerlos accesibles suprimiendo las tasas municipales, lo que conllevaría cambiar las ordenanzas. Los gijoneses ya disponen de partidas presupuestarias destinadas a la eliminación de barreras en edificios de viviendas a las que se puede acoger el comercio. Nuestros dirigentes municipales aseguran que no les falta interés en aplicar el Decreto 37/2003 ya que así se construiría una ciudad mejor para todos: discapacitados, personas mayores, portadores de sillas de bebé y carritos de la compra etc. Por ese motivo Díaz Rañón, apuesta por la implantación de rampas en vez de escaleras en todos aquellos bajos que sea posible técnicamente. Morales ha invadido la calzada en algún caso para construir una rampa y dice que no ha tomado más medidas por falta de interlocutores, que está dispuesto a colaborar y, si se le propone un proyecto, a secundarlo. Los concejales de urbanismo y los arquitectos municipales aseguran que, a pesar de que la normativa presenta ambigüedades, lo que hace más difícil un correcto seguimiento de las obras, se exige la aplicación de la ley en los locales de nueva construcción o en aquellos en que se hagan reformas sustanciales.

Es importante destacar la actitud de los dueños de los establecimientos que, por lo general, desconocen que hay una norma legal para promover la accesibilidad y suprimir las barreras arquitectónicas y, si lo saben, se quejan de la falta de ayudas económicas para su aplicación o intentan incumplirla. Algunos, incluso, prefieren atender a las personas con problemas de movilidad en la acera o llevarle la mercancía a casa en lugar de adaptar su local; manifiestan que las rampas lo afean, y anteponen arreglar la fachada o el escaparate. Gran número de propietarios de bares no han reparado en la población con alteraciones motoras. Hay también a quien le gustaría dar al discapacitado un tratamiento como a las demás personas, pero se encuentra con inconvenientes técnicos cuando inicia las reformas. Actualmente, donde más se sigue la normativa es en las farmacias; en muchos casos el farmacéutico adquiere un nuevo bajo comercial en el que sea más fácil aplicar la ley.

Las uniones de comerciantes han manifestado, durante la elaboración de este reportaje, su interés en atraer al sector de las personas con discapacidad —casi un 9% de la población asturiana— alegando diferentes motivos: la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), manifiesta que “el pequeño comercio está luchando para ajustarse a las exigencias legales, no solamente por una idea de integración […] la fuga de los clientes a los grandes centros comerciales está haciendo mucho daño y una de las bazas del pequeño comercio es el trato humano y personalizado, adaptándose a sus preferencias y necesidades”. La Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón (UCG) declara que “actualmente con las políticas de promover la independencia de las personas discapacitadas, nos resulta un sector de la ciudadanía tan importante como otros, además de que somos conscientes de que son clientes extraordinariamente fieles a los comercios que les facilitan la inclusión social.” Ambas asociaciones coinciden en lo injusto que es para una persona con las capacidades físicas alteradas no poder comprar en las tiendas de la ciudad, y desde estas páginas hacen un llamamiento para llegar a acuerdos con la Administración y las asociaciones de discapacitados que vayan en beneficio de todos.

En la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, se contempla la creación de un Consejo cuya función será “la consecución del objeto y la finalidad de dicha ley.” El Consejo Asesor de Discapacidad del Principado de Asturias, se formó en marzo de 2005, habiendo surgido anteriormente en junio del año 2002 como Comisión de Discapacidad. Se crea como una iniciativa conjunta entre el Comité de representantes de personas con discapacidad Cermi-Asturias y la Administración del Principado y está compuesto por veinte personas de diversa procedencia. A pesar de que su competencia no es hacer un seguimiento de las medidas de accesibilidad adoptadas por los ayuntamientos, puede y debe asesorarlos, informar, formular recomendaciones, orientar mejoras y valorar actuaciones, y debe de estar atento al cumplimiento de la ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.

La mayoría de las personas con discapacidad ignoran la existencia de la ley y, por tanto, sus derechos. Son las asociaciones de discapacitados las que, desde que entró en vigor el Decreto por el que se aprueba el reglamento de la ley en los ámbitos urbanísticos y arquitectónicos, están trabajando duramente en cooperación con los ayuntamientos para su aplicación, logrando de esta manera sensibilizar a los responsables locales de su problemática. Aunque los programas de las asociaciones abarcan actuaciones en todos los campos de la accesibilidad, el de las barreras en los bajos comerciales es el que ha quedado más relegado.

A pesar de la buena disposición por parte de los responsables urbanísticos y de las uniones de comerciantes, de la existencia del Consejo y del trabajo de las asociaciones de discapacitados, es innegable que en Asturias, respecto al tema sobre el que tratamos apenas se ha avanzado. Desde la aprobación del Decreto en el año 2003 no existe un sólo establecimiento de los antedichos, de nueva construcción o que haya tenido una reforma integral, en que haya sido aplicado el reglamento en su totalidad (incluidos los grandes centros comerciales). Bástenos fijarnos en la altura de los mostradores que siempre sobrepasa la establecida en la normativa, en las rampas construidas con pendiente superior al máximo por ciento marcado, en la ausencia de probadores adaptados, o en la inexistencia de aseos que cumplan las características exigidas. La Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, junto con su reglamento en los ámbitos urbanísticos y arquitectónicos, se desconoce o se incumple. Es necesario informar sobre la existencia de la ley con campañas divulgativas y de concienciación. Es fundamental que las personas responsables de aplicarla se familiaricen con ella y exijan su cumplimiento. Es imprescindible hacer una campaña de sensibilización sobre la imposibilidad que sufren las personas con discapacidad para acceder autónomamente a los establecimientos a los que acuden las demás, y es importante el diálogo entre las diferentes partes para buscar soluciones. Aprovechando la buena disposición de todos los implicados, quizá este sea un buen momento para que las asociaciones de discapacitados se pongan a trabajar en la elaboración de proyectos para la consecución de este fin.

Avilés, 11 de diciembre de 2005

PDF del reportaje en SerCapaz

Ilustración: http://ow.ly/MdJd308tMDB